27 • nov. • 2017 en Dínamo

La vivienda no es un tema técnico, es ante todo una cuestión política y, por lo tanto, su conceptualización, su deriva en planes, proyectos, modos de gestión y producción debe ser producto de un pensamiento situado políticamente. Algunas preguntas que planteo para reflexionar en torno a posicionar políticamente el tema están formuladas desde el paradigma de la justicia social, sinónimo de un pensamiento político de izquierda. Desde ese lugar, como síntesis subrayo tres ideas: la emergencia de la construcción colectiva por sobre lo individual, la defensa a ultranza de lo público por sobre lo privado y la idea de planificar en torno a un modelo de ciudad compacta frente a la extensión indiscriminada de la mancha urbana como síntoma de la expulsión de quienes no pueden permanecer en ella. Para finalizar, haré un reconocimiento de los logros del gobierno frenteamplista, pero sobre todo formularé los desafíos de la fuerza política en el tema de la vivienda, que permanecen pendientes.

La vivienda, ¿derecho o mercancía?

Parece retórica la pregunta, pero es pertinente porque la ciudad da cuenta de la primacía del mercado, y la lucha por el derecho a la vivienda es política e ideológica. En un contexto en el que el empuje neoliberal parece arrasar con todo, en el que el avance indiscutible del capitalismo, la promoción del extractivismo urbano (la entrega desmesurada de tierra pública a emprendimientos privados), la facilidad para la financiarizacion privada de la vivienda, la falta de barreras a la especulación inmobiliaria y la continua privatización del suelo, parece haber poco espacio para instalar la idea de que la vivienda es un derecho y no una mercancía. ¿Cómo achicar entonces la brecha entre la enunciación de la vivienda como un derecho y hacerlo realidad? ¿Cómo fortalecer y reconocer que la vivienda es un campo para la resistencia colectiva y la lucha por los derechos?

Mientras el derecho a la ciudad es resistido en muchos ámbitos, aunque intenta abrirse paso lentamente, las resistencias de las organizaciones populares que luchan desde los barrios por su mejora y por el derecho a la vivienda adquieren cada vez más protagonismo y visibilidad en Uruguay. Desde una perspectiva histórica, y en la víspera de los 50 años de la Ley Nacional de Vivienda, es de orden reconocer que en Uruguay la producción social de los proyectos autogestionados promovidos por el cooperativismo de vivienda han transitado la resistencia, y promovido la participación y la ciudadanía activa.

Pero el devenir de la construcción colectiva y las luchas por la vivienda se organizan también frente a la imposibilidad de acceder a un barrio digno, al derecho al agua y a la tierra, a los servicios públicos de calidad y al equipamiento social y urbano de proximidad, y esto no es otra cosa que darle contenido al derecho a la ciudad. Transitar de la marginación a vivir en un barrio con la posibilidad de tomar el ómnibus a pocas cuadras y vivir en una casa con una dirección (como Las Láminas, en Bella Unión, o Isla de Gaspar, en Montevideo) no deja de ser obra de la intervención de las políticas públicas socio-territoriales que han sabido reconocer a los actores sociales y dar voz, abriendo espacios reales de coparticipación en la gestión urbana. Es dar cuenta de que la lucha por la vivienda se dirime en una arena política que si es de izquierda abre paso al fortalecimiento de la ciudadanía, a la democracia y a la participación. El territorio, la ciudad y la vivienda no son meros escenarios donde transcurre la vida, son espacios vivos y promotores para la resistencia colectiva, son hechos significativos desde el punto de vista político.

Este reconocimiento de la lucha como campo legítimo es un principio clave a la hora de responder por la vivienda como un derecho, como parte de las responsabilidades del Estado para garantizarlo.

La vivienda, ¿hace ciudad?

Basta recordar la política de núcleos básicos llevada adelante en la década de 1990 por el gobierno blanco para poder afirmar con solidez que la vivienda no hace ciudad. Es más, diría que esa producción masiva, despojada, repetitiva representa la no-ciudad. Sin embargo, como afirma Jordi Borja en Revolución urbana y derechos ciudadanos, “sin vivienda, no hay ciudad”. La relación entre vivienda y ciudad es indisoluble. Vivir en la ciudad y habitarla es sinónimo de posibilidades y ante todo, como la percibió Jane Jacobs en los años 70, la ciudad habilita tanto la generación de espacios de encuentro con los otros como la posibilidad de la intimidad; es un estímulo para la creación, para el disfrute de la vida y, a su vez, nos permite crecer como personas y como sociedad.

Cuando la relación vivienda-ciudad no está resuelta, uno de los tantos problemas que aparecen es la inseguridad. La sensación de seguridad aumenta cuando hay más personas en las calles o mirando desde sus ventanas (sin duda alguna, para las mujeres, transitar seguras es aún un derecho recortado, y doblemente para las mujeres trans), por eso la permanencia de lo habitacional en los barrios consolidados, históricos y céntricos de la ciudad evita la desertización sinónimo de muerte lenta o fragmentada en el correr del día. Cuando no hay viviendas en ciertos sectores de la ciudad, el vacío se apodera durante horas de la tarde o los fines de semana cuando la monoactividad cesa. Por eso es impensable una política de vivienda sin política de acceso al suelo urbano que asegure siempre la conjunción de múltiples actividades con la de residir. Pero ¿de quién es el suelo?, ¿cómo se accede a él?, ¿quién determina que el suelo urbano tenga un precio de mercado o un valor social?

Otra de las problemáticas actuales de la relación vivienda-ciudad es que la localización no es respetada o, dicho de otra manera, el suelo es un sujeto omitido. Esto se conoce con el nombre de gentrificación o, como algunos autores latinoamericanos lo llaman, colonialismo urbano. Significa la expulsión de personas de un barrio o territorios concretos producto de la inversión de capital privado o público, que genera el aumento del valor del suelo. La población es desplazada y su lugar, ocupado por grupos con mayor capital económico o cultural. El proceso de gentrificación es parte del vaciamiento de la ciudad consolidada, pero lo más importante es que socava el derecho de las personas a permanecer, destruye el tejido social de los barrios, rompe con las redes vecinales que generalmente las mujeres construyen para resolver la cotidianidad de la vida, la compra diaria, el cuidado de los niños y los mayores, el acceso a la salud, la escuela, en fin, la vida misma.

La ausencia de suelo público para las políticas de vivienda, agravada por las políticas neoliberales que profundizan la precarización del empleo, colocan a ciertos grupos sociales en situación de mayor vulnerabilidad para afrontar el pago de los alquileres y gastos asociados a la permanencia en los barrios. A su vez, las quitas fiscales, que facilitan al capital las inversiones especulativas en propiedades inmuebles y que se apoderan de las plusvalías urbanas, terminan promoviendo múltiples desalojos, que directa o indirectamente (como la liberalización de los precios de los alquileres) imposibilitan la permanencia de los más pobres, entre ellos, las mujeres solas y con hijos, los nuevos migrantes, la población afro.

Este circuito es doblemente perverso. La primera perversión forma parte de la violencia simbólica, pues desconoce el sentido de identidad que las personas tienen con un barrio y despojan a la gente del sentido de pertenencia que se construye con un lugar, un barrio concreto. La segunda, como expresa Saskia Sassen, forma parte de la violencia real que implican las expulsiones territoriales e institucionales hacia las periferias desurbanizadas de los excluidos de siempre, o sea, sigue consolidando la fractura social presente en Montevideo.

Desafíos pendientes

Sin política de suelo, no hay política de vivienda. El suelo urbano disponible y urbanizable no puede ser una mercancía con la que especulen inversionistas o desarrolladores promovidos, además, por una política fiscal facilitadora del capital privado, porque, ante todo, el suelo urbano debería ser un bien colectivo. Es por eso que las políticas de vivienda están intrínsecamente vinculadas con las políticas de acceso y permanencia al suelo urbano. Si bien un gran logro del primer gobierno frenteamplista de Montevideo –que hay que consolidar y fortalecer– en cuanto al acceso al suelo urbano ha sido la creación de la cartera de tierras y fincas, a la que las cooperativas pueden acceder para presentarse al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a solicitar los fondos públicos para la construcción de las viviendas, esta no es suficiente. No alcanza para desafiar al sistema y sus desigualdades estructurales. No alcanza el 0,4% que se destina del presupuesto nacional a la construcción de viviendas y al mejoramiento de las existentes.

Este es uno de los desafíos pendientes: más presupuesto para un urbanismo redistributivo que integre la agenda de derechos y reconozca la situación de partida diferencial de las personas; más posibilidades de acceso al suelo urbano que contemple el derecho a la ciudad para la adjudicación pública y preserve la ciudad compacta; mayor regulación del capital con impuestos progresivos a la irresponsabilidad de la propiedad privada, más subsidios para las necesidades de la gente, más cuotas de asignación por barrio a la vivienda social para frenar el proceso de gentrificación y mayor reconocimiento de la participación ciudadana en las políticas de acceso al suelo y a la vivienda. El binomio inseparable.

Silvana Pissano | Arquitecta y feminista. Directora general de Desarrollo Urbano de Montevideo.

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